El Senado de la Nación volverá a reunirse este miércoles a las 16. El plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano buscará avanzar con el proyecto de discapacidad, que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados.
La comisión de Presupuesto y Hacienda está presidida por el libertario Agustín Monteverde, mientras que la de Población y Desarrollo Humano es encabezada por la senadora peronista Alicia Kirchner. La jefa del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, conduce las gestiones para conseguir dictamen. El oficialismo prevé llevar la iniciativa al recinto entre el 19 y el 26 de noviembre, antes de que termine el período de sesiones ordinarias.
Los bloques aliados habían pedido un marco regulatorio que asegurara la continuidad de las prestaciones tras el vencimiento y el posterior veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia aprobada el año anterior. El ministro de Economía, Luis Caputo, había planteado cambios al esquema mediante artículos incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027, una propuesta que abrió un conflicto parlamentario.
El texto impulsado por el oficialismo incorporó pedidos de la oposición. Entre otros puntos, dejó afuera cláusulas que proponían eliminar el nomenclador único, terminar con la actualización por IPC, restringir la compatibilidad con el empleo y restablecer un modelo médico de invalidez. También sumó una garantía de recursos. La oposición dialoguista había planteado esas condiciones para destrabar el Presupuesto 2027. En las conversaciones participaron las diputadas libertarias Laura Rodríguez Machado y Silvana Giudici.
Beneficios y financiamiento
La iniciativa lleva el nombre formal de “Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad”. Conserva la estructura de beneficios de la Ley 27.793, pero elimina su carácter de emergencia y transitorio para convertirla en una norma permanente y de orden público.
El proyecto ratifica que la pensión no contributiva, equivalente al 70% del haber mínimo, puede cobrarse junto con un empleo formal o el monotributo, siempre que los ingresos no superen los dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. La compatibilidad alcanza a quienes tienen el Certificado Único de Discapacidad (CUD).
Además, mantiene el nomenclador único, establece que los aranceles se actualicen automáticamente según la movilidad jubilatoria vinculada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) y contempla la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud.
Para financiar el sistema, fija un piso presupuestario para el Ministerio de Salud que, en términos reales, no podrá ser inferior al del ejercicio anterior. También dispone auditorías periódicas con cruces de información de ANSES, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el SINTyS y el RENAPER, bajo el principio del debido proceso inclusivo.
El texto prevé un cronograma transitorio para cancelar deudas pendientes con prestadores y establece que el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la ley en un plazo máximo de 30 días.
